Por Carola Muñoz y Daniela Sepúlveda Soto
Las cancillerías en el mundo entero siguen siendo un espacio de poder masculinizado, dominado por discursos de “política de Estado” aparentemente intocables, en el que la integración de la perspectiva de género se ha enfrentado con resistencias legales, barreras administrativas y obstáculos culturales. Dicha resistencia institucional ha sido defendida bajo el argumento de que las agendas de política exterior son neutras en cuanto al género y que, complementariamente, la equidad e igualdad no constituyen objetivos de la “alta política” internacional. El resultado ha sido la subrepresentación de las mujeres en los espacios de poder, y la ausencia de una agenda política que reconozca la centralidad de la igualdad de género en la elaboración de la política exterior y en la generación de políticas públicas de carácter internacional crecientemente inclusivas.
No obstante lo anterior, tenemos la oportunidad de que el proceso constituyente chileno sea un hito transformador de las relaciones de poder al interior de nuestra sociedad, para introducir justicia social e igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad de género debe ser el eje orientador de la nueva Constitución que surja, garantizando la existencia de mecanismos institucionales que aseguren la igualdad de derechos y oportunidades, e incorporen elementos de corrección de brechas que hasta ahora no se han resuelto.
En un contexto de transformación constitucional, la incorporación de la perspectiva de género en la política exterior debería traducirse en cambios sustantivos, orientados a la instalación e implementación de una política exterior feminista e inclusiva, lo que implicará ser audaces en las estrategias de emprendimiento normativo. Para ello, es importante conocer las experiencias de países como Suecia, Canadá, Francia, Alemania, España y México. De estas experiencias, podemos destacar cinco aprendizajes que posicionan a la política exterior feminista como el camino adecuado para el nuevo ciclo de la política exterior chilena.
Primeramente, la política exterior, como uno de los ámbitos de actuación del Estado, no está desconectada de la política interna ni de las definiciones fundacionales de una sociedad. En consecuencia, las áreas de acción del Ministerio de Relaciones Exteriores -como el mantenimiento de la paz y la seguridad, la promoción y protección de los derechos humanos, la cooperación internacional y el desarrollo sostenible- están estrechamente vinculadas a la igualdad de género. Por lo pronto, urge el reconocimiento de que ninguno de los grandes asuntos de la agenda internacional podrá resolverse de forma exitosa sin una visión inclusiva. En consecuencia, el cambio climático, la pobreza, la falta de oportunidades educativas, la inseguridad alimentaria, las constantes crisis y restricciones económicas, e incluso las futuras pandemias que enfrentaremos, deben tener una hoja de ruta inclusiva.
En segundo lugar, se espera que en el nuevo ciclo de la política exterior chilena se le asigne un rol central a la promoción y protección de los derechos humanos en los objetivos de nuestra diplomacia, contribuyendo a dotar de coherencia los compromisos internacionales vigentes del Estado con la comunidad internacional. Esto va de la mano con una evaluación de los potenciales impactos de género que toda política, acción o acuerdo internacional puedan tener, con foco en la población estructuralmente más vulnerable.
Un tercer aprendizaje crucial es el entendimiento de que la incorporación del enfoque de género en política exterior reconoce las múltiples formas de discriminación y exclusión que operan sobre las mujeres. Por ello, la igualdad de género debe tener una perspectiva interseccional. Esto significa que una futura política exterior feminista debería reflejar criterios correctivos y afirmativos de igualdad en todas las acciones emprendidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el ámbito político -bilateral y multilateral-, en el económico, cultural, de cooperación, consular y en el de la diplomacia pública. Esto, desde luego, incluye a todas las agencias estatales que despliegan política exterior.
En cuarto lugar, el nuevo ciclo de la política exterior chilena requiere de una política exterior feminista capaz de saldar las deudas históricas que el servicio exterior arrastra con las mujeres diplomáticas, particularmente en términos de subrepresentación estructural. Para ello, es necesario establecer criterios formales de equidad de género en las etapas tempranas de selección y formación de la Academia Diplomática, pero también en etapas posteriores de la carrera. No hay que olvidar que el ingreso de mujeres hoy significa su posicionamiento en puestos de poder real en 25 años más, por lo que apremia complementar estas acciones con correcciones inmediatas, como el nombramiento de Embajadoras desde el grado de Consejeras (cuestión que ha comenzado a realizarse tímidamente), o el establecimiento de cuotas.
Finalmente, una política exterior feminista para el nuevo ciclo de la política exterior chilena debe incorporar a las mujeres de forma efectiva y creciente en los procesos de negociación, mediación y toma de decisiones en todos los niveles políticos (medios y altos, especialmente). Los países que ya han implementado estas medidas, por ejemplo, incorporan capítulos de género en los acuerdos que negocian, independiente de la materia y contenido de éstos, de manera de visibilizar aún más el papel de las mujeres en los procesos de internacionalización.
Como una de las expresiones de las identidades que conviven en la comunidad política, la política exterior del país es también reflejo de los consensos sociales conquistados al interior de éste. En ese sentido, esta columna fue elaborada en el marco del proyecto editorial Nuevas voces de política exterior: Chile y el mundo en la era post-consensual, un esfuerzo mancomunado que será publicado este mes por el Fondo de Cultura Económica, patrocinado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Chile y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
Es nuestra opinión que el enfoque de derechos debe trascender los discursos oficiales para convertirse en un eje transformador, en términos de relato público y acción política. Los cinco aprendizajes mencionados constituyen sólo una propuesta inicial o, si se quiere, un mínimo ético-normativo. El futuro requiere de acciones más atrevidas y resueltas. Para ello, es fundamental la generación de una masa crítica, así como de líderes y lideresas capaces de llevar adelante estos cambios, tal como la experiencia comparada nos ha demostrado. Quizás no somos Canadá o Francia. Pero esta generación puede -y debe- construir la mejor versión posible de Chile.
—
Publicado originalmente en El Mostrador.