Por Camila Carrasco Hidalgo y Pedro Glatz Brahm
Carrasco, Camila & Pedro, Glatz. 2021. ‘“Nuestra casa está en llamas”: Una política exterior turquesa para responder a la crisis climática’. Pp. 205—216 in Nuevas voces de política exterior: Chile y el mundo en la era post-consensual, editado por C. Bywaters C., D. Sepúlveda Soto, and A. Villar Gertner. Santiago, Chile: Fondo de Cultura Económica – Friedrich Ebert Stiftung – Instituto de Estudios Internacionales Universidad de Chile.
Extracto:
‘La crisis climática y ecológica constituye uno de los principales desafíos globales de nuestro tiempo. Sus consecuencias y alcances son tales que está en riesgo la propia subsistencia de la humanidad. Ello plantea importantes retos para los Estados, tanto a nivel interno como en las relaciones internacionales. Si bien, para el realismo —la más influyente tradición intelectual de las relaciones internacionales— la supervivencia de los Estados depende de su accionar egoísta en función de intereses mutuamente excluyentes, la crisis climática plantea un escenario opuesto: el interés común de la subsistencia depende de la acción colectiva de los actores estatales y no estatales que constituyen una verdadera gobernanza del ecosistema global. Este sistema interrelacionado de reglas formales e informales ha sido designado como Earth System Governance.
Asimismo, la crisis climática es una consecuencia de los límites e injusticias del desarrollo capitalista, así como de los nudos no resueltos de la globalización. La coordinación internacional ante la emergencia ambiental y ecológica existe desde hace décadas y se han desarrollado diversas instancias para establecer normas y construir agendas en cooperación con los Estados. En esta línea, se han promovido conferencias e instrumentos ambientales en todo el mundo, tales como las Cumbres de la Tierra en Río de Janeiro (1992), Johannesburgo (2002) y Río +20 (2012); el Protocolo de Kioto (1997); el Acuerdo de París (2015), que establece la primera meta vinculante para estabilizar el aumento de la temperatura global; el Acuerdo de Escazú (2018) para mejorar estándares de acceso a la información, participación ciudadana y controles democráticos y la reciente COP 25 (2019) […]’
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